El Supremo de EE. UU. permite a Trump reanudar el muro fronterizo en Big Bend, en Texas
El Tribunal Supremo levantó el 9 de noviembre la orden que frenaba el muro en la zona de Big Bend, en la frontera con México. Qué decidió y qué sigue en juego.
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Lo esencial: El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó el lunes 9 de noviembre de 2026 al Gobierno de Donald Trump a reanudar la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en el oeste de Texas. Las obras afectan a parte del parque nacional del mismo nombre. La decisión suspende la orden de una jueza federal de El Paso que había paralizado las obras en octubre. Solo la jueza Ketanji Brown Jackson indicó que habría rechazado la petición del Gobierno.
¿Qué ha decidido exactamente el Supremo?
En una opinión de cuatro páginas sin firma, el tribunal concedió la suspensión de la orden cautelar que pedía el Departamento de Justicia, pero no anuló directamente la decisión de la jueza, explica SCOTUSblog. Es decir, el muro puede seguir construyéndose mientras continúa el litigio, pero el fondo del caso no está resuelto.
Los jueces consideraron «sumamente probable» que el Gobierno gane su argumento de que el tribunal de distrito no tenía jurisdicción, según la traducción de Europa Press publicada por Excélsior. También escribieron que «el interés del Gobierno pesa más que cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por los demandantes», según EFE. El Gobierno había alegado que la paralización le costaba casi medio millón de dólares al día.
¿Por qué estaban paradas las obras?
El proyecto prevé barreras para vehículos, caminos de patrulla, iluminación y tecnología de detección en Big Bend y sus alrededores, con un coste de 1.700 millones de dólares, según Al Jazeera. La Razón precisa que incluye unos 27 kilómetros de barreras para vehículos dentro del parque nacional.
Para acelerar la obra, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y su sucesor, Markwayne Mullin, firmaron tres exenciones de leyes ambientales y de patrimonio, amparadas en una ley de inmigración de 1996 (IIRIRA). La administración había suspendido los trabajos en agosto tras críticas de ambos partidos por su impacto en el paisaje y la fauna, recuerda Al Jazeera.
El 2 de octubre, la jueza Kathleen Cardone, de El Paso, prohibió seguir construyendo hasta que el Gobierno cumpliera todas las leyes aplicables. En su opinión del 14 de octubre consideró que las exenciones iban más allá de la autoridad del secretario, sin una autorización clara del Congreso. Según SCOTUSblog, la jueza destacó que la región de Big Bend representa más del 25% de la frontera con México, pero solo entre el 0,3% y el 2,2% de las detenciones de migrantes.
| Fecha | Etapa |
|---|---|
| Febrero-julio de 2026 | Exenciones de leyes ambientales firmadas por Noem y Mullin |
| Agosto de 2026 | Pausa de las obras tras las críticas |
| 2 de octubre de 2026 | La jueza Cardone paraliza la construcción |
| 21 de octubre de 2026 | El Gobierno acude al Supremo |
| 9 de noviembre de 2026 | El Supremo levanta la paralización |
¿Quién se opone al muro?
Los demandantes son una organización ambiental, el Centro para la Diversidad Biológica, un guía fluvial de la zona y un grupo dedicado a proteger una iglesia histórica, según La Razón y SCOTUSblog. El caso figura en el registro del Supremo como Mullin v. Friends of the Ruidosa Church.
Su abogado, Eric Glitzenstein, había advertido al tribunal que levantar la orden permitiría reanudar de inmediato voladuras, desbroces y construcción de carreteras en uno de los paisajes más remotos y valiosos de Estados Unidos, según SCOTUSblog. Tras la decisión, Laiken Jordahl, activista del Centro para la Diversidad Biológica, afirmó en un comunicado citado por EFE que «el Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos».
¿Qué argumenta el Gobierno?
El Ejecutivo sostiene que la ley de 1996 permite al secretario de Seguridad Nacional dejar de lado cualquier requisito legal para construir barreras con rapidez en zonas de alta entrada irregular, y que solo admite recursos judiciales por motivos constitucionales. El procurador general, D. John Sauer, afirmó que hubo más de 89.000 detenciones en la zona entre 2021 y 2025, según SCOTUSblog.
El muro es uno de los ejes de la política migratoria de Trump, que admitió en una entrevista reciente que su política de deportaciones quizá sea «demasiado dura» (ver nuestro artículo). El fondo del litigio, en cambio, sigue sin resolverse.
